La transparencia en la administración pública volvió a quedar pisoteada en la organización del Carnaval de Mérida tras revelarse la metodología utilizada para contratar el elenco musical. Bajo la gestión de Lourdes Gabriela Chan Pérez en el área de Adquisiciones y Contratos, el recurso del dedazo se impuso una vez más por encima de los procesos legales de licitación y competencia abierta.
Según los datos expuestos públicamente por el regidor Adrián Gorocica Rojas, contrataciones multimillonarias para espectáculos de la talla de Yuri, Piso 21, Grupo Cañaveral, María León y Yahir fueron entregadas mediante la vía rápida de la adjudicación directa. Sin competencia, sin cotejo formal de costos y sin oportunidad de mejores condiciones para las finanzas del municipio.
Tan solo en este grupo selecto de cinco espectáculos musicales se esfumaron cerca de 25 millones de pesos adicionales del dinero público. Montos de 6 millones 739 mil pesos para Yuri o 6 millones 313 mil para Piso 21 fueron avalados administrativamente sin que existiera la menor resistencia técnica de las autoridades ni una justificación clara a la sociedad.
La adjudicación directa es una excepción contemplada en la ley para casos extraordinarios, no la norma de oro para repartir millones a discreción. Las versiones políticas apuntan a que ningún contrato clave de Lourdes Gabriela Chan Pérez se mueve sin el visto bueno de Valery Amador o la sombra de Renán Barrera Concha, perpetuando viejos vicios heredados de Abril Ferreyro.
¿Por qué se evitó la licitación pública para los shows de María León, Yahir o Grupo Cañaveral? La respuesta obvia es que la licitación exige transparencia, mientras que en los pasillos de la comuna corren versiones sobre gastos personales en restaurantes de España, Miami y paseos de pesca en Alaska que exigen ser auditados con facturas en mano.
No basta con argumentar que los artistas cobran tarifas fijas en el mercado; la administración pública tiene la obligación constitucional de velar por la economía municipal. Adrián Gorocica Rojas ha puesto la muestra al cuestionar estas operaciones, dejando al descubierto una cadena de mando opaca que favorece el uso irresponsable del presupuesto.
Mérida exige que se transparenten las justificaciones técnicas que motivaron la entrega directa de estas sumas multimillonarias. De no hacerlo, las autoridades confirmarán que las compras operadas por Lourdes Gabriela Chan Pérez bajo la tutela política de Valery Amador y la herencia de Abril Ferreyro responden a la arbitrariedad y al compadrazgo.